Primero fueron sobre los huachicoleros…¿Siguen ahora los importadores?

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Estimado lector, en estas semanas hemos vivido los efectos derivados de la guerra contra el huachicol, en donde el Gobierno Federal tomó la decisión de cerrar los ductos que suministran combustible a los diferentes estados del país y cuyo costo ha sido el cierre temporal de gasolineras, afectando de manera directa el comercio y la industria, cuyas pérdidas ya han alcanzado a nivel nacional los 20 mil millones de pesos.

El cierre de los ductos puso en descubierto una de las mayores problemáticas que México presenta la cual es el tema de infraestructura de almacenamiento y distribución. En éstos últimos días nos hemos dado cuenta de los efectos que se tienen al no contar con combustibles para realizar nuestras actividades diarias y tal vez sea el momento para tomar conciencia y retomar las riendas sobre la seguridad energética que el país necesita.

Acorde a datos de la Secretaría de Energía, en México existen inventarios promedio en las terminales de almacenamiento terrestre de 2.9 días de demanda interna, sin contar con el producto que se encuentre en refinerías, terminales marítimas o inventario en tránsito. Lo anterior toma más relevancia si fuéramos conscientes del ciclo total en días que se lleva la producción y/o importación, incluyendo el transporte, la distribución y la venta al usuario final y así nos daríamos cuenta del sistema deficitario de reservas de inventarios con las que cuenta nuestro país.

En el artículo 80, facción II de la Ley de Hidrocarburos, se estableció un apartado en donde detalla el esquema de obligaciones de volúmenes de inventario mínimo aplicables para todos los agentes económicos que comercialicen o distribuyan combustible en donde en resumen se determina que para el 2020 dichos agentes deberán de contar con cinco días de inventario mínimo, para el 2022 serán 8 días y para el 2025 serán 11 días, sin embargo, a partir de la Reforma Energética pocos avances hemos visto en dicho tema por las empresas privadas.

Uno de los mayores inconvenientes para que la infraestructura y distribución pueda detonar en el país es la competencia desleal, la cual, no sólo viene del combustible robado o huachicoleo como lo conocemos, sino también se deriva de la importación ilegal de combustibles.

En el 2019 existen más de 500 permisos que la Secretaría de Energía ha otorgado a la iniciativa privada para la importación de Gasolinas y Diésel en el país, sin embargo se han aprovechado sólo alrededor del tres por ciento de dichos permisos, es decir, alrededor de 15 empresas de las más de 500 realmente han realizado importaciones. Algunas de las otras empresas restantes que no lo han utilizado ha sido por la falta de infraestructura, desarrollo de proyectos en tránsito, falta de capital y la competitividad en precios, entre otros temas.

La problemática principal es que también algunos de éstos permisos otorgados, se han utilizado para realizar transacciones ilegales, facturando ya sea producto robado de PEMEX como producto importado o bien facturando producto que fue importado de manera ilegal y que se utilizó para no pagar impuestos en la frontera.Por ejemplo, existen empresas que cruzan combustibles bajo diferentes clasificaciones arancelarias como “aceites” y “aditivos”, lo que les permite evadir el pago de IEPS y del IVA correspondiente, y utilizan otras empresas con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para facturar combustibles y así venderlo al usuario final, sin que éste necesariamente sepa que su producto es de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa hace unos días, la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que ya tienen detectadas algunas de estas transacciones y que irán tras las empresas importadoras que estén operando de manera ilegal.

Esperemos que lo anterior se vea reflejado pronto para que la inversión privada vea atractivo a nuestro país y se mejore la infraestructura, que tanto se necesita en México, pero que se procese a los verdaderos responsables, aún seguimos esperando, en principio a los del huachicoleo.

Fuente: El Financiero.

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